Santo Domingo Tehuantepec, Oax.- El establecimiento del Istmo como Zona Económica Especial amenaza los derechos de los pueblos indígenas de esta región por la llegada de grandes empresas trasnacionales y extranjeras.
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“Hay muchas mineras que vienen con más fuerza para los próximos años. Hay más proyectos mineros planteados para la región del estado de Oaxaca tanto en montaña como en valles e Istmo en específico por la situación que se vive con los parques eólicos y con la declaración de Zona Económica Especial”, afirmó Juan Antonio López Cruz, coordinador de Justicia Trasnacional en el Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales AC (ProDes).
El defensor de derechos humanos indicó que sin una regulación que obligue a las empresas a respetar los derechos humanos, las violaciones que se van a presentar serán graves. “De por sí podemos empezar a ver un despojo a la propiedad de la tierra de las comunidades indígenas, lo que se viene con todas las reformas que se vienen a partir de 2012 a la fecha, avasallante, el despojo se va a ir acrecentando”, declaró.
López Cruz indicó que lo anterior no significa que abrir una Zona Económica Especial para la generación de empleos sea negativo siempre y cuando las empresas garanticen el respeto de los derechos humanos en el sentido de consulta a la población, en el aspecto medioambiental para mitigar efectos, respetando usos y costumbres, sus zonas tradicionales religiosas.
“Cuando en verdad se garantizan los derechos humanos de las poblaciones habrán proyectos viables, cuando hay una imposición se convierten en proyectos que van en contra de cualquier derecho, entonces no podemos hablar de desarrollo económico y social”, afirmó.
Actualmente -recordó- existe un acompañamiento en 23 demandas de nulidad ante el Tribunal Unitario Agrario sobre los contratos de la empresa Desarrollos Eólicos de México (Demex) por intento de despojo de tierras
De visita por Oaxaca, Juan Antonio López Cruz, informó que en estos días podría salir la resolución, que de ser favorable a los comuneros sentaría un precedente histórico.
Las pruebas aportadas en la solicitud de nulidad son los contratos civiles firmados por tres notarios públicos de Juchitán. Éstos avalaron escrituras públicas de propiedad privada a pesar de que las tierras son de índole social.
Las escrituras ante el Registro Público de la Propiedad vienen desde el 2009 a la fecha, años posteriores a la llegada de las eólicas pero a la par también continúan en el registro agrario como tierras de corte social.
Las demandas de nulidad fueron promovidas al encontrar evidencias que apuntan a un intento de despojo de la empresa eólica Desarrollos Eólicos de México (Demex), filial española, a través del cambio ilegal de propiedad al pasarla de comunal a privada.
Las evidencias en poder de ProDESC fueron entregadas al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU durante su visita a México para conocer de las violaciones en las que ha incurrido el Estado Mexicano sobre los pueblos y comunidades indígenas y su derecho a posesión de la tierra y de su territorio.
En total fueron entregadas pruebas que acreditan violaciones en 30 casos únicamente de Oaxaca. El grupo de trabajo de la ONU visitará también los estados de Jalisco, Sonora, Estado de México y Ciudad de México.
“No se trata de satanizar estos proyectos que están en puerta. Lo que se necesita son proyectos sustentables con las comunidades indígenas sólo así podrémos hablar de desarrollo económico para México”. Juan Antonio López Cruz, coordinador ProDes.