Xalapa, Ver.- En la región sur de la entidad, donde se localizan dichos municipios, al menos una persona es ejecutada cada dos o tres días, lo que muestra el “fracaso” de las políticas públicas implementadas en materia de seguridad y obliga a los ciudadanos a abandonar su hogar.Jáltipan y Texistepec se han convertido en municipios “fantasma”, toda vez que la mayoría de sus habitantes se han visto obligados a migrar del estado por la ola de violencia e inseguridad desatadas en la zona sur de Veracruz.
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Esto lo denunció el presidente del Comité de Defensa Popular de Obreros y Campesinos, Román García, quien responsabilizó al gobierno estatal, que encabeza Javier Duarte de Ochoa, del problema mencionado.
“Se han ido de Tatahuicapan de Juárez, Jáltipan, Pajapan, Cosoleacaque, al norte del país, están trabajando en Ciudad Juárez, Monterrey, porque no hay empleo, ¿a qué vienen a la zona sur?”.
En la región sur de la entidad, donde se localizan dichos municipios, al menos una persona es ejecutada cada dos o tres días, lo que muestra el “fracaso” de las políticas públicas implementadas en materia de seguridad.
“Cada dos o tres días aparece un muerto en lo que es Cosolecaque, Minatitlán y Coatzacoalcos, no podemos estar viviendo con esto”, apuntó el líder de los campesinos.
El entrevistado urgió una revisión exhaustiva a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a cargo de Arturo Bermúdez Zurita, para evitar nexos entre policías estatales y la delincuencia organizada.
Los campesinos han tenido que viajar a estados del norte de la República Mexicana, en busca de empleo y condiciones dignas para vivir.
“Eso va afectando porque se va perdiendo la inversión, los jóvenes se van a otros lugares, ahorita hay desempleo total, la gente sobrevive con los pocos recursos que tiene al día, sean 100 o 200 pesos, no nos queda otra más que emigrar a otros estados o Estados Unidos”, añadió Román García.
En rechazo a la política de seguridad pública aplicada por el gobierno, el Comité de Defensa Popular de Obreros y Campesinos busca la integración de un frente, que incluya a las organizaciones sociales, para que se vigilen las acciones de la SSP.
“Que sean los mismos ciudadanos, quienes vigilen las acciones, porque no hay confianza en la policía”, remató.