Xalapa, Ver.- En los últimos meses el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, se parece a uno de esos equilibristas que intentan cruzar dos rascacielos caminando por el aire sobre un alambre. La cuerda estuvo a punto de romperse en febrero, cuando el órgano auditor federal mexicano (ASF) señaló a Veracruz como el Estado que más irregularidades acumula men la gestión de los recursos federales. Desvíos de fondos, duplicidad de pagos, obras no realizadas o dinero que directamente se desvanece por valor 2.000 millones de dólares en los últimos cuatro años. La onda expansiva removió incluso los cimientos del hasta entonces sólido apoyo hacia Duarte de su partido, el PRI, que lleva más de 80 años mandando ininterrumpidamente en la tierra del son jorocho.
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Durante semanas se especuló incluso con una caída del Gobernador. Su popularidad ha ido desplomándose por el peso de los sucesivos casos de desapariciones forzadas, el número de periodistas asesinados en el Estado y el clima general de inseguridad. La oposición planteó un proceso para retirarle el fuero y poder llevarle ante los tribunales, pero la iniciativa fue bloqueada en el parlamento estatal por la mayoría priista.
Pasados los temblores, parece que el Gobernador resistirá hasta finalizar el sexenio en diciembre, dejando en herencia unas finanzas públicas en estado de descomposición: una inmensa bola de deuda, denuncias por corrupción, aumento de la pobreza, pensionistas ocupando las oficinas de Hacienda para exigir su paga y la universidad en pie de guerra porque tampoco les llega el dinero.
En sus cinco años de mandato la deuda pública se ha multiplicado por tres. Los 2.500 millones de dólares colocan a Veracruz como el cuarto Estado más endeudado de México. A partir de las cifras oficiales, los números empiezan a bailar. El Observatorio de Finanzas Públicas (OFP), dependiente de la Universidad Veracruzana, calcula que la bolsa es aún mucho más voluminosa porque las cifras oficiales sólo incluyen créditos bancarios y dejan fuera las deudas con organismos públicos como el Instituto de Pensiones, los servicios de salud, los gastos corrientes aún por pagar, obligaciones con la Universidad, con los municipios, los adeudos con proveedores o los créditos concedidos para pagar a su vez deuda antigua. Las estimaciones de la OFP se acercan a los 5.000 millones, lo que representaría nada menos que un 90% del presupuesto fijado para 2015.
“Todo el mundo está de acuerdo en que hay más deuda de la que se declara. Pero nadie puede llegar a una conclusión. Todo este desorden y falta de transparencia provoca una gran confusión”, sostiene el diputado del PAN Julen Rementería.
El por qué y el para qué del endeudamiento es otra de las incógnitas en Veracruz. Hasta el año pasado solo estaba permitido por ley pedir deuda para obra pública. Según las estimaciones del OFP, el gobierno gastó hasta el año pasado en inversión pública 720 millones, lo que representa el 42% del total de deuda bancaria contratada. “La mitad de esa deuda no fue utilizada para para inversión pública. Y si no fue utilizada para esto, ¿cuál fue su destino?”, se pregunta retóricamente el coordinador de la OFP, Hilario Barcelata, desde su despacho en la Universidad. El Gobierno, por su parte, ha declinado hacer cualquier declaración para este reportaje.
Tanto la oposición, como los académicos coinciden en que la deficiente gestión se traduciría en el mejor de los casos en una inflamación de partidas como el gasto corriente y sobre todo los salarios públicos. El apartado presupuestario de servicios personales del Gobierno supone casi el 50% del total del gasto para 2015.
Elevándose por encima del ruido político, la ASF se ha mostrado como el órgano más autorizado e incisivo en la fiscalización de las cuentas de Veracruz. Tras destaparse que acumula más desvíos que la mitad de estados juntos, el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal, llegó incluso a pedir la cárcel para Duarte. Y sus servicios jurídicos se han lanzado a la ofensiva. Según una petición de información vía los procedimientos de transparencia formulada por el medio local Crónica de Xalapa, la ASF presentó en 2014 hasta 14 denuncias penales contra funcionarios veracruzanos por malversación de fondos públicos.
En los documentos, en los que aparece señalado incluso uno de los secretarios de finanzas, Mauricio Audirac, se subrayan como prácticas habituales las transacciones fraudulentas de dinero entre cuentas bancarias para simular que los fondos denunciados ya han sido reintegrados: “Se realizaron movimientos bancarios con el objeto de simular la solventación de las irregularidades detectadas, para luego retirar los recursos reintegrados a una cuenta diferente sin que se tenga certeza de que hayan sido ejercidos para el cumplimientos de los objetivos”.
Sólo una de las denuncias sigue su curso. El resto han sido sobreseídas al llegar a los despachos de la Fiscalía Estatal de Veracruz, el órgano competente para investigar a sus funcionarios. Durante 2015, la ASF ha vuelto a la carga con otras siete denuncias penales, aún pendientes de llegar a la fiscalía Estatal.
Entre los fondos afectados por las irregularidades aparecen recursos destinados al desarrollo, el alcantarillado, el servicio de agua y la lucha integral contra la pobreza. Veracruz tiene al 58% de su población viviendo por debajo del umbral de la pobreza según Coneval. Es el segundo estado con mayor número de pobres, sólo superado por el Estado de México. “El deterioro en el empleo, los bajos salarios y la mala utilización de los fondos federales para el desarrollo han provocado que en los últimos dos años haya registrado casi 500.000 nuevos pobres”, señala Itzel Lira Morado, investigadora de la Universidad Veracruzana.
El sueldo medio mensual es de 86 dólares, por debajo de la media nacional: 110, y la mitad por ejemplo que en Baja California: 195 dólares. La atonía de la economía, que ha crecido de media apenas un 1,5% durante los últimos años –por debajo de la media nacional del 2%–, ha provocado además que la creación de empleo se haya quedado en apenas 6.000 empleos al año desde el 2000, lejos de los 400.000 prometidos durante la campaña electoral.
“Están actuando como en una monarquía. Si no me gusta lo que dice la ley, pues la cambio a mi antojo”. Así define la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, la actitud del Gobierno. La cuarta universidad pública más grande de México afronta este año un recorte de su presupuesto de 7%, que irá aumentando gradualmente hasta alcanzar el 30% en los próximos seis años. De manera paralela, el Gobierno le debe 120 millones de dólares. Más del 80% son fondos estatales.
“La Universidad no se ha detenido. Estamos pagando las nóminas pero tenemos muchas deudas con proveedores”, afirma Ladrón de Guevara. Ante los sucesivos retrasos, que vienen desde 2013, la rectora llegó incluso al Senado del Estado donde logró que la cámara alta emitiera un comunicado exigiendo el pago de los recursos. La Universidad convocó en diciembre una manifestación en los nueve municipios donde tiene presencia y ha presentado a su vez dos denuncias ante la fiscalía estatal y un amparo ante los tribunales federales. Además de los recortes y las deudas, sobrevuela también sobre la cabeza de la Universidad la imposición de que en el futuro se hagan cargo de las pensiones de los profesores ante la supuesta quiebra de la caja de pensiones públicas de Veracruz.
Un grupo de unos 300 jubilados invadieron a las seis de la mañana del 11 de diciembre en las oficinas de la secretaría de Finanzas en Xalapa como protesta por los retrasos en el pago de sus pensiones. “Hace cinco años que empezaron los retrasos. Primer era un par de días, unas semanas. Pero en diciembre hubo compañeros a los que hacía más de un mes que no les pagaban”, afirma Adriana Chávez, presidente de Copipev, una de las asociaciones de trabajadores públicos jubilados que más activamente se está poniendo al Gobierno. El 2014 un tribunal federal les dio la razón en un amparo contra una ley que pretendía establecer que los jubilados veracruzanos siguieran aportando al sistema pagando una cuota de sus propias pensiones.
“El sistema tiene problemas para seguir pagando. Los recursos de las cuotas ya no alcanzan para cubrir una anual de unos 120 millones de dólares”, sostiene el académico Barcelata. En Veracruz hay 98.000 trabajadores públicos que han de sostener a 28.000 pensionados. La proporción de tres a uno no es muy alentadora. A lo que hay que sumar la deuda acumulada del Instituto de Pensiones –760 millones según la OFP–y el progresivo vaciamiento de la llamada Reserva Técnica, la “hucha de las pensiones” veracruzanas de las que echar mano en caso de necesidad. El IPE sólo ha hecho públicas las cuentas de sus dos últimos años en los que el fondo ha caído a la mitad de sus recursos, apenas 125 millones de dólares. En el clima de confusión que reina en torno a las cuentas del Estado, los medios locales dan por hecho que la cantidad es menor. El Gobierno, en una desesperada búsqueda de liquidez, habría tomado ya más de la mitad de esos recursos a cambio de la cesión de algunos inmuebles como el estadio municipal de fútbol o el de béisbol.
El último colectivo en alzar la voz ha sido el de los músicos municipales, que reclaman unos 600.000 dólares no pagados por tocar en fiestas patronales y en actos de gobierno. El pasado jueves unas decenas se juntaron en frente del Palacio de Gobierno de Xalapa para dedicarle una cumbia a Javier Duarte:
Yo quiero que me pague ya señor gobernador / mi familia tiene hambre, ya no aguanto esta situación / Ya no tengo pa´ tortillas, el frijol ya se acabó / Ahora si ni me he bañado, no me alcanza para jabón / Duarte no paga, Duarte no paga / ya no le toquen una nota que no paga