Yauhquemehcan, Tlax.- A más de ocho meses de que el entonces gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur, decidió recuperar por la vía legal las instalaciones que albergaron por más de 11 años la franquicia del Hotel Misión de Tlaxcala ubicadas en la comunidad de Atlihuetzía, municipio de Yauhquemehcan, algunos extrabajadores aseguraron que todo se trató de un pleito personal entre el ex gobernador priista y la empresa.
TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR
Lo lamentable en este caso -denunciaron- es que los grandes “perdedores fuimos las casi 100 familias que perdimos nuestra fuente de ingresos, pues aunque en su momento el gobierno se comprometió a conseguirnos un nuevo empleo, todo quedó en una simple promesa y ni apoyo para conseguir otro espacio y ni finiquitos nos han dado, pues estamos en la batalla legal”.
Aunado a lo anterior, el cierre de las instalaciones, supuestamente para ser objeto de una remodelación, también quedó en el olvido, pues hoy en día el lugar se encuentra resguardado en la entrada principal por dos elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, pero en su interior todo se encuentra abandonado.
Fue el 29 de septiembre de 2016 cuando el gobierno del estado, con una sentencia del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc con cabecera en Apizaco, logró recuperar el inmueble ante la negativa de la empresa “Promotora Hotelera Misión Tlaxcala S.A. de C.V.” para entregar la propiedad del Gobierno del Estado, además de que el contrato de arrendamiento había fenecido desde 2013.
Aunque el gobierno estatal ya había intentado años atrás recuperar estas instalaciones, debido a trámites legales de la empresa, la ejecución de la sentencia se postergó y fue en los últimos días de septiembre de 2016 cuando logró concretarse.
Con esta acción, al menos 80 trabajadores oriundos de diferentes municipios de Tlaxcala perdieron su única fuente de ingresos, así como unos 15 empleados eventuales o indirectos, quienes también perdieron su empleo y calificaron como “un simple capricho del exgobernador el pleito que tuvo con la empresa”.
“Para todos es sabido que con el cierre del hotel, ni el gobierno ni la empresa perdieron, los únicos afectados fuimos nosotros, no es posible que no se hayan puesto a pensar que con sus diferencias los únicos afectados íbamos a ser más de 80 trabajadores contratados por la empresa y unos 15 indirectos, cada uno manteníamos a nuestras familias con esos ingresos y de un día para otro dejamos de percibir salarios”, sostuvo uno de los afectados.
Otra de las despedidas aseveró que aunque inicialmente los representantes de la promotora los apoyaban y hasta tenían confianza en que la problemática se solucionara, al final el director y gerente del hotel, Carmelo Aztatzi, de plano les dio la espalda y hasta les recomendó e intentó convencer de que demandaran al gobierno y no a la empresa.
Algunos de ellos, que optaron mantener la secrecía para no verse afectados en los empleos que ya lograron obtener tras varios meses de tocar puertas, informaron que ahora solo se encuentran a la espera de que les den fecha para iniciar con sus audiencias de conciliación, aunque manifestaron su preocupación por algunos que llevaban hasta 25 años laborando en este lugar, debido a que lograron mantenerse pese a las sustituciones patronales.
En términos generales, los trabajadores contaban con una antigüedad de entre siete y 24 años laborando en este lugar.
Cuando el gobierno tomó la decisión de cerrar las instalaciones, el gerente del hotel, Carmelo Aztatzi, aseveró que la franquicia llevaba al menos 11 años ininterrumpidos manejando las instalaciones, para lo cual habían pagado puntualmente la renta de 200 mil pesos mensuales hasta septiembre de 2016.
Es decir que, de haber continuado el arrendamiento, en estos ocho meses hubieran ingresado a las arcas del gobierno por lo menos 1.6 millones de pesos, pero se prevé que la cantidad sea mayor, ya que no hay fecha para iniciar con el procedimiento para asignar el inmueble a otra empresa.
Además de los trabajadores aseguraron que, por el tiempo que llevan cerradas las instalaciones, se requerirá de una fuerte inversión para rehabilitar habitaciones, renovar mobiliario y utensilios, entre otras cosas que representarán un gasto elevado.
Según la información vertida por algunos de los empleados que habitan en la zona, la última ocasión que las instalaciones fueron utilizadas fue cinco días antes de que Mariano González Zarur dejara la gubernatura, quien organizó una fiesta particular en la que sus principales invitados fueron sus secretarios de Estado, así como el gobernador electo de la entidad, Marco Antonio Mena Rodríguez.
Pero a partir de ese día, el inmueble quedó en el olvido y de plano ya no acudieron ni a abrir las puertas para ventilar las habitaciones, salones y áreas administrativas.
Pese al argumento utilizado el siete de octubre de 2016 por el entonces mandatario estatal, para anunciar el cierre de las instalaciones para ser objeto de una remodelación, a ocho meses de lo ocurrido el inmueble se encuentra en el abandono total, al grado de que algunos árboles de decoración, de plano han comenzado a secarse y los pasillos están llenos de hojarasca.
En un recorrido efectuado por El Sol de Tlaxcala, se pudo observar que todo se encuentra cerrado y a lo lejos, incluso en la zona del restaurante dejaron abiertas las cortinas, por lo que los rayos del sol pegan directamente a muebles de este lugar que era frecuentado por cientos de familias.
De hecho, la zona sur del inmueble es utilizada para arrojar ramas que se desprenden de los árboles y los pocos botes de basura que hay en la zona de estacionamiento están llenos de residuos.
De acuerdo con información proporcionada por personal de la Secretaría de Turismo, del proceso para otorgar el inmueble nuevamente en concesión a alguna otra empresa, nada se sabe hasta el momento, esto a pesar de que cuenta con alrededor de 100 habitaciones y Tlaxcala tiene un déficit en cuanto a cuartos disponibles para atender a los turistas.
Contradictoriamente, como parte de las primeras acciones emprendidas por el actual gobernador, Marco Antonio Mena Rodríguez, fue anunciar que buscarían los mecanismos para apoyar a la iniciativa privada para incrementar el número de habitaciones, ya que ese ha sido uno de los grandes pendientes en materia turística, aunque todo ha quedado solo en buenas intenciones.
No solo eso, pues aseguró que se administración tiene interés en fortalecer este sector y hasta remitió una iniciativa al Congreso local para volver a crear la Secretaría de Turismo, según él, para brindarle la importancia que debe ser.
Las afectaciones no fueron solo para los aproximadamente 100 trabajadores directos e indirectos, sino también para quienes decidieron buscar una oportunidad en los alrededores de este inmueble, desde vendedores de artesanías, artículos de natación, pequeños comedores y restaurantes que a lo largo de varios años vieron en esta zona una oportunidad para obtener ingresos para sus familias.
Como lo relató Yulia Báez, quien indicó que años atrás abrió una pequeña tienda de artesanías, pues por increíble que parezca quienes acudían a hospedarse al hotel salían de éste para adquirir algunos productos de talavera, entre otros que ofrecía y cuyas ventas eran considerables.
No obstante, informó que tras el cierre del lugar sus ventas se vinieron a la baja y, de entrada, tuvo que conseguir un local más barato e incluir abarrotes y otros productos para ampliar la oferta de sus productos, pues en el caso de la talavera de plano ya no funcionó.
“Pero el cierre también afectó a quienes vendían trajes de baño, las pequeñas fondas o restaurantes, entre otros comercios establecidos que tenían ingresos considerables por el arribo de los visitantes que decidían hospedarse en este lugar… es un desperdicio, ya mucha gente conocía la zona y el turismo sí beneficiaba al pueblo”, relató con total indignación.
Los exempleados del hotel Misión Tlaxcala informaron que la mayoría busca su finiquito con estricto apego a la ley, por lo que además del monto por despido injustificado que varía de acuerdo con los años de antigüedad de cada trabajador, también han solicitado el pago de salarios caídos.
El caso es dirimido ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, cuya instancia ha retrasado las audiencias de conciliación y, de acuerdo con algunas estimaciones, el reclamo de los trabajadores podría alcanzar los 16 millones de pesos, aunque vislumbran que un posible acuerdo se dé hasta 2018, pues han advertido una falta de interés por parte de la instancia local, además de que la empresa se ha dedicado a generar argucias legales para no recibir las notificaciones en las diferentes etapas del procedimiento.